Garzón continuará haciendo negocios de la mano del chavista Correa y del PRI

Un órgano estatal ecuatoriano tumba las denuncias de los abogados del país contra el ex juez. Seguirá siendo asesor. El CGPJ ratifica su expulsión de la Carrera Judicial.

The Americano / La Gaceta (Intereconomía). Baltasar Garzón, expulsado ayer de la Carrera Judicial tras la ejecución del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 11 años de inhabilitación por prevaricación, continuará asesorando al presidente ecuatoriano Rafael Correa –aliado del mandatario venezolano Hugo Chávez y partidario de recortar la libertad de Prensa en el país– en la reforma del Poder Judicial de Ecuador.

Además, el condenado Garzón seguirá vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó durante cerca de 70 años México y dejó de hacerlo hace 12 salpicado por escándalos de corrupción, en la elaboración de su programa electoral y en otros proyectos políticos.

Veeduría

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador rechazó hace apenas dos semanas la impugnación a Garzón presentada por la Federación Nacional de Abogados de Ecuador y el Colegio de Abogados de Guayas para impugnar su cargo como asesor del Gobierno de Rafael Correa, por malversación de fondos públicos y por su ya cuestionado prestigio tras las causas judiciales que tiene abiertas en España y la condena firme por un delito de prevaricación en una de ellas.

De esta forma, el ex instructor de la Audiencia Nacional podrá seguir coordinando la Veeduría internacional para reformar la Justicia ecuatoriana, por lo que cobrará en torno a 50.000 euros, y trabajar en otros asuntos con su protector Rafael Correa. El mandatario le tiene tanto aprecio que fue invitado en la posesión de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia el pasado 26 de enero.
Según el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, apenas existen seis razones para dejar de ostentar el cargo de veedor y, curiosamente, ninguna tiene que ver con estar inmerso en procesos judiciales o haber sido condenado por algún tipo de delito.
Las razones esgrimidas en el precepto ecuatoriano para perder la condición de veedor son las siguientes: su muerte, la renuncia ante el coordinador de la Veeduría, el incumplimiento de las normas establecidas en la legislación, “ejercicio incorrecto de su calidad de veedor que constituya manifiesto abuso de poder”, la utilización dolosa de la credencial del CPCCS y la falsedad u ocultación de la información proporcionada al CPCCS. A esta escueta reglamentación se ha acogido el CPCCS para que Garzón, que dice que se va a dedicar a la enseñanza de jóvenes, siga trabajando en el país.

Según los abogados que le han denunciado, Garzón apenas ha ido en tres ocasiones a Ecuador y “siempre en fin de semana”, según el portavoz de la Federación de Abogados del Ecuador, Pedro Javier Granja. No obstante, el Pleno del CPCCS vio que la petición de la abogacía ecuatoriana era improcedente, recalcando que “no es correcto cuestionar el ejercicio de un profesional que ha defendido causas de interés común a lo largo de su carrera y rechazó el interés de pretender deslegitimar procesos de participación social que son inéditos y se encuentran en construcción en nuestro país”.

También en México

Como ya ha informado LA GACETA, el jurista español está ejerciendo como asesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para elaborar el programa electoral de la formación en materias relacionadas con la seguridad y la corrupción.

Además, el PRI asegura tener el compromiso de ex juez de investigar la lucha de los Gobiernos conservadores mexicanos contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que ha dejado 50.000 muertos entre civiles, policías y terroristas. Eso significaría abrir un proceso sobre la gestión de Felipe Calderón, presidente del Ejecutivo mexicano, y provocar nuevas divisiones en la sociedad mexicana.